Me rodea la corrupción

 

La presunción de inocencia es un principio consagrado ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en multitud de tratados internacionales, en nuestra Constitución,.... Pero no me van a negar que por ir tranquilamente andando por la calle no te detienen, bueno sí, ese ejemplo que me ha venido a la cabeza no es muy válido, porque hay a quienes sí los detienen por ir tranquilamente andando por la calle, pero ese es otro asunto que no viene al caso.

A lo que iba, desde hace ya mucho tiempo que vengo teniendo la sensación de que Orihuela, y toda la Vega Baja se mantiene anclada en la época de la restauración. Vivimos en una comarca plagada de caciques; de ayuntamientos monocolor donde independientemente de si están gobernados por el PP o por el PSOE; todos ellos desprenden el mismo tufillo; y donde la corrupción campa a sus anchas por multitud de ayuntamientos.

 

Luis Fernando Cartagena, ex alcalde de Orihuela (PP) condenado a cuatro años de prisión por el famoso “caso de las monjas”, y que tras retrasar durante más de 10 años su entrada en prisión, ingresó el pasado 17 de julio, aunque sorprendentemente ha salido hace pocas fechas. Todavía con causas pendientes.

 

José Manuel Medina (PP), sucesor de Cartagena en la alcaldía de Orihuela, no pudo optar a la reelección en 2007 por el escándalo que supusieron las numerosas causas abiertas contra él en los juzgados de Orihuela. Muchas de ellas todavía pendientes.

 

Operación Brugal, puesta en marcha por las grabaciones que un conocido empresario hizo a un político de la oposición oriolana (CL) sobre un supuesto soborno en la contrata de las basuras. El procedimiento, bajo secreto de sumario, en el que al parecer están involucrados numerosos políticos y empresarios, ha sufrido varias prorrogas.

 

Javier Bru (PP), concejal electo del PP en Albatera, permaneció en prisión preventiva por supuestos delitos de amenazas, tráfico de influencias, cohecho y delito electoral.

 

Pedro Ángel Hernández Mateo (PP), alcalde de Torrevieja, imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Todo ello por la compra de una finca rústica en Almoradí que al poco tiempo vendió multiplicando desorbitadamente su precio. Actualmente se encuentra aforado por ser Diputado en las Cortes Valencianas.

 

Angel Sáez (PP), alcalde de San Miguel de Salinas, imputado por supuestas irregularidades en la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y la promotora Villamartín.

 

José Rodriguez Leal, ex alcalde del PSOE en Catral, permitió la construcción de más de 1.200 viviendas ilegales en su municipio. La Generalitat le retiró las competencias urbanísticas en 2007 antes de las elecciones municipales. Fue imputado por presuntas irregularidades urbanísticas.

 

Ignacio Ramos (PSOE), alcalde de Pilar de la Horadada y uno de sus concejales, tuvieron que declarar como imputados por la supuesta existencia de una “caja b” en la contabilidad de la concejalía de deportes.

 

Gabriel Gascón, (PP) alcalde de Dolores, el Juzgado de instrucción nº 4 de San Javier incluye en las diligencias de varios casos de corrupción en los que están imputados los alcaldes y varios concejales de Totana y Torre Pacheco junto con el promotor Facundo Armero, unas conversaciones entre dicho promotor y el alcalde de Dolores.

 

Y los más recientes:

 

Manuel Barrera, teniente alcalde de San Fulgencio, independiente (AIM). Fue detenido junto con el jefe de policía, por un delito de cohecho, después de que el diario la verdad, publicara un video en el que presuntamente cobraba una comisión. Esta misma mañana han sido detenidos la alcaldesa del municipio Trinidad Martínez (PSOE) y cuatro concejales más al parecer por el cobro de unas comisiones.

 

José Joaquín Moya (PSOE), alcalde de Bigastro, detenido ayer por la Guardia Civil, permanece detenido y se desconocen los motivos de tal detención, aunque se sospecha que sean motivos urbanísticos.

 

 

Sinceramente creo que tanto en el PP como en el PSOE hay personas decentes que tratan de mejorar la vida de los ciudadanos, a pesar de no compartir su modelo. Pero ambos partidos están plagados de casos de corrupción, la carcoma les corroe, y el sistema no hace nada para impedirlo. Los propios partidos son los primeros responsables de la corrupción de sus cargos públicos, al no establecer clausulas de renovación, los cargos públicos se crean sus cortijos y llegan a pensar que pueden hacer lo que quieran. Incluso los propios militantes conociendo las ilegalidades de sus compañeros llegan a ocultarlas “por el bien del partido”.

 

Somos los ciudadanos los que con nuestro voto podemos cambiar esto. Pero no lo hacemos, será porque más de uno considera que si estuviera en la posición del corrupto actuaría de la misma forma que él lo hace.